Estado
Investiga el gobierno federal a Carlos Zamarripa, Fiscal de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El gobierno federal inició una investigación sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga.
Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en forma reiterada la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo, y le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados en combate a la delincuencia.
“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador el pasado 16 de julio.
“De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró el 26 de julio, al insistir en la necesidad de remover al fiscal de aquella entidad.
A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato.
En el expediente del caso, al cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero. Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.
La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.
Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien –según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense.
Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014. En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual –en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.
En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.
Con información de: Mexicanos Contra la Corrupción
Estado
Enfrentamiento en Yuriria deja tres policías heridos y dos civiles abatidos

Yuriria, Guanajuato.- Un enfrentamiento armado entre policías municipales y civiles armados dejó como saldo tres elementos lesionados —uno de ellos de gravedad— y dos presuntos agresores muertos, en hechos ocurridos la tarde-noche de este viernes en la comunidad de San Vicente Joyuela.
De acuerdo con los primeros reportes, los policías municipales realizaban un rondín de vigilancia cuando se toparon de frente con una camioneta blanca abordada por sujetos armados. Al notar la presencia de los uniformados, los civiles comenzaron a disparar, desatando un enfrentamiento que generó pánico entre los habitantes de la zona.
La agresión fue reportada al número de emergencias 911 alrededor de las ocho de la noche, movilizando a elementos de los tres niveles de gobierno hacia la comunidad.
En el sitio, los agentes localizaron una unidad de Seguridad Pública Municipal con impactos de bala y tres policías heridos, uno de ellos en estado crítico. A pocos metros, se encontró la camioneta de los agresores: uno de los civiles se hallaba muerto en el interior del vehículo y otro cuerpo fue localizado a un costado del mismo.
Los presuntos delincuentes restantes lograron escapar hacia la zona cerril, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.
Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los policías lesionados y los trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.
La Guardia Nacional aseguró la zona mientras personal de la Fiscalía Regional del Estado realizaba las primeras diligencias, incluida la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los cuerpos.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha revelado la identidad de los agentes lesionados ni la de los civiles abatidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables que lograron huir.
Estado
La ONU emite Acciones Urgentes por la desaparición de “Panchito”, privado de la libertad en Irapuato

Ginebra, Suiza / México.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este jueves una solicitud de Acciones Urgentes al Estado mexicano para localizar con vida a José Francisco Arias Mendoza, conocido como “Panchito”, desaparecido en México.
La solicitud fue registrada bajo el número 2063/2025 y establece una serie de medidas inmediatas que el Estado debe adoptar para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en el marco del Artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Entre las medidas urgentes solicitadas, se ordena que el Estado mexicano:
Adopte acciones inmediatas para la búsqueda, localización y protección del desaparecido.
Implemente medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los familiares que buscan justicia, específicamente Eva María Vázquez Flores y Luis Alberto González Vázquez.
Además, el Comité de la ONU reconoce el caso como una desaparición forzada, lo que implica que podría haber participación directa o indirecta de agentes del Estado o su aquiescencia.
La ONU ha dado como plazo hasta el 30 de junio de 2025 para que el gobierno mexicano remita un informe oficial sobre las acciones emprendidas en cumplimiento de esta solicitud internacional.
Las Acciones Urgentes de la ONU representan un mecanismo humanitario que busca salvaguardar la vida e integridad de personas desaparecidas, y están diseñadas para obligar a los Estados firmantes a actuar con la debida diligencia desde los primeros momentos de la denuncia.
Familiares y colectivos de búsqueda han exigido la implementación inmediata de un plan integral de búsqueda, conforme al estándar internacional que impone esta resolución.

Estado
Condenan a 10 años de prisión a homicidas de transportista de Silao

Silao, Guanajuato.- A más de un año del homicidio de un transportista ocurrido sobre la carretera estatal Silao–San Felipe, la Fiscalía General del Estado logró que un tribunal de enjuiciamiento dictara sentencia condenatoria contra los responsables del crimen. Manuel Guadalupe “N” y José Francisco “N” deberán cumplir una pena de diez años de prisión, además de reparar el daño causado a las víctimas indirectas.
Los hechos se registraron la noche del 30 de mayo de 2023. La víctima, un operador de transporte de carga, se había detenido a un costado de la carretera, frente a una pensión, para alimentarse. En ese momento fue sorprendido por dos individuos que lo abordaron con violencia. Al intentar defenderse, el conductor forcejeó con los agresores, pero uno de ellos lo hirió en el pecho con un objeto punzocortante.
Gravemente herido, el hombre logró descender del camión y caminar unos metros antes de desplomarse. Falleció a consecuencia de la lesión.
La Fiscalía, a través de su equipo ministerial y forense, se trasladó a la zona cercana a la comunidad de Peñitas, donde inició una exhaustiva investigación. Bajo la dirección de un agente del Ministerio Público, se procesó el lugar, se recabaron indicios materiales y orgánicos, se inspeccionó el camión, se entrevistó a testigos y se revisaron grabaciones de cámaras cercanas.
El trabajo de los peritos permitió reconstruir la escena del crimen y establecer la mecánica de los hechos. Con el apoyo del equipo de análisis de información, se logró identificar y perfilar a los presuntos responsables, por lo que se solicitó y obtuvo del juez las órdenes de aprehensión correspondientes.
Ambos individuos fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y puestos a disposición del tribunal. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes sustentadas en diversos peritajes, con lo que se acreditó la responsabilidad penal de los acusados.
Finalmente, el tribunal emitió una sentencia condenatoria por el delito de homicidio, imponiendo diez años de cárcel para Manuel Guadalupe “N” y José Francisco “N”, además de ordenar la reparación del daño a los familiares del transportista asesinado.
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